Este martes por la tarde se llevó adelante una nueva reunió del Ente de Políticas Socializadoras en la que se siguió un temario informativo a los representantes sobre las distintas acciones desarrolladas desde las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación adaptadas al contexto actual y se debatió sobre las distintas acciones desplegadas en este último tiempo.

La reunión estuvo encabezada por la directora de Políticas Socializadoras, Mónica Riquelme, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Funes.
El encuentro se realizó de manera virtual, vía plataforma zoom, para respetar las medidas sanitarias y epidemiológicas recomendadas por Salud, en el marco de la pandemia de COVID-19. Además, en la misma se realizó un breve balance y se acordaron nuevas labores conjuntas.

Se dialogó sobre los trabajos y avances, en cuanto a la ampliación, que se están desarrollando en los equipos técnicos de abordaje con la finalidad de abarcar de una forma eficaz a los tutelados que se distribuyen en los distintos puntos de la Provincia.

Participaron por el Ministerio Desarrollo Social la subsecretaria de Política Social, Marta Graciela Salvini; del Ministerio de Salud la directora de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo; por el Ministerio de Educación la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Bruegno; y la diputada provincial Valeria Lujan.

La reunión se centró en analizar la situación provincial para avanzar en la implementación de intervenciones acordes a problemáticas puntuales, como la prevención de reincidencia y la reinserción social de hombres que ejercen violencia.

Los participantes destacaron que en el actual contexto resulta fundamental sostener e intensificar las vías de comunicación y articulación de acciones, entre las diferentes instituciones, para reforzar el acompañamiento a cada institución.

El Ente, que rige desde 2016, tiene como finalidad abordar, debatir y establecer políticas públicas para contribuir a la disminución de delitos y reincidencia, procurando la inserción social y asistencia material, sin perder de vista la situación personal, el contexto familiar y comunitario, de los sujetos en conflicto con la Ley Penal.