Competencias del Ministerio de Desarrollo Social
Compete al Ministerio de Desarrollo Social asistir al Gobernador de la Provincia, en orden a sus competencias, en relación al campo del desarrollo social de las personas, las familias y las comunidades de la provincia de La Pampa en un marco de derechos, descentralización y equidad territorial, articulando intersectorialmente, interministerialmente y/o con otras jurisdicciones, en materia de su competencia y, en particular:
- Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Provincial.
- Coordinar la política social del Estado Provincial y sus respectivos planes de desarrollo, diseñando, promoviendo y ejecutando las actividades tendientes a mejorar la estructura institucional de las políticas y programas sociales públicos.
- Coordinar la organización y operación de un sistema de información social, con indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales, que permita una adecuada ponderación del conjunto de las políticas y programas sociales, como así también en su identificación.
- Intervenir en las acciones destinadas a promover la formación y capacitación de los recursos destinados al área social.
- Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de investigaciones y sistematización de buenas prácticas para la elaboración, desarrollo y consolidación de las políticas sociales.
- Promover el fortalecimiento del rol de las s en la efectivización de los derechos de sus integrantes como eje transversal de toda política pública social.
- Incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas sociales promoviendo y articulando acciones interministeriales e intersectoriales.
- Diseñar las políticas públicas sociales promoviendo ámbitos de deliberación ciudadana, recuperando las voces y la participación activa de los sujetos de derechos de esas políticas, como así también los demás integrantes de la comunidad.
- Intervenir en los casos de emergencias sociales, en coordinación con el o los Ministerios que correspondan y requieran la asistencia del Estado desde un abordaje con metodología de intervención en crisis.
- Intervenir en la elaboración de normas de acreditación que regulen el funcionamiento, control y evaluación de las instituciones y organizaciones sociales.
- Promover políticas públicas que consoliden el Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas, adolescentes y familias basados en los principios de descentralización, corresponsabilidad; la conformación y fortalecimiento de redes locales.
- Promover, consolidar los Centros de Desarrollo Infantil y participar en la elaboración y ejecución de programas tendientes al desarrollo de la población en sus primeros años.
- Generar y diseñar programas de protección de derechos y dispositivos que restituyan los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes.
- Diseñar dispositivos específicos que atiendan la situación de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en conflicto con la Ley Penal, promoviendo prácticas de justicia restaurativa
- Intervenir en la elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr el desarrollo de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derechos.
- Formular y ejecutar políticas destinadas a la tercera edad y coordinar programas de promoción e integración social de las personas mayores.
- Formular políticas de promoción social destinadas a la Juventud y articular con las áreas correspondientes acciones que promuevan el desarrollo integral de este grupo etario. Y la integración a los dispositivos de educación y trabajo.
- Promover los valores de la educación física, el deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los mismos a todos los habitantes de la Provincia, con atención prioritaria a los niños/as, adolescentes.
- Fomentar la recreación y el turismo social, con especial énfasis en los grupos vulnerables.
- Abordar la problemática de la violencia de manera coordinada y planificada, generando acciones que contribuyan a producir cambios estructurales para lograr modificar estas relaciones de desigualdad mediante tres ejes: prevención, justicia y asistencia y reparación.
- Formular políticas tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas de microcréditos alcanzando los núcleos duros de la desocupación (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años).
- Coordinar con áreas específicas u otros sectores de la sociedad civil la implementación de programas de capacitación vinculados con la política social en estricta relación con la Economía Social, oficios y saberes populares.
- Administrar los fondos provenientes de los juegos de azar.
- Entender en la reglamentación, control y auditoría de los programas sociales descentralizados por transferencia a los municipios, comisiones de fomento y organizaciones no gubernamentales con una estrategia de formación continua.
- Intervenir en la definición de los criterios de asignación de recursos financieros del Estado Provincial destinados a la población.
- Intervenir en la elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados de seguridad social
- Entender en la asignación y distribución de subsidios y ayudas urgentes que se otorguen a personas, entidades públicas y privadas, cooperativas y organizaciones sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales, infraestructura social, elementos para talleres familiares, emprendimientos sociales y comunitarios, de carácter productivo, recreativo o de servicios, que apunten al mejoramiento de la calidad de vida, en el marco del cumplimiento de las políticas sociales.
- Participar en la elaboración de los planes de urbanismo destinados a programas de vivienda, su adecuación, infraestructura de servicios y el equipamiento social tanto rural como urbano, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo integral de la familia en coordinación con las áreas competentes.
- Participar en la promoción, cooperación, asistencia técnica y formación continua de las instituciones de bien público destinadas a la asistencia de la población, como así en el registro y fiscalización de aquéllas y de los organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias y de base, y en la coordinación de las acciones que permitan su adecuada y sistemática integración en las políticas y programas sociales.